En los últimos meses se ha abierto un debate sobre cómo articular las nuevas herramientas para, efectivamente, respetar la capacidad jurídica de todas las personas, preservando su dignidad, autonomía, voluntad y preferencias.
En este escenario se plantea la desaparición del procedimiento judicial de incapacitación, pasando de un modelo de substitución de derechos de las personas con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, a un modelo de “apoyo”, en el que la persona pueda tomar sus propias decisiones.
Este reto, recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobado en 2006 y suscrito por el Estado Español en 2008, abre de nuevo el debate sobre la posible dificultad de aplicación. A pesar de estas posibles dificultades, el Gobierno aprobó este verano el anteproyecto de ley de reforma de la legislación civil y procesal sobre la discapacidad.
En Cataluña, a su vez, se ha abierto un periodo de consultas a entidades y ciudadanía, que finaliza el próximo 15 de octubre, a través del cual poder enriquecer las bases sobre la adaptación del Código Civil Catalán en el apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica, siguiendo los principios de la Convención de Nueva York.
Desde las entidades que trabajamos y damos soporte a personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental, celebramos este nuevo impulso jurídico. Desde Fundación Nou Camí seguimos trabajando para poder adaptar toda actuación al paradigma recogido en el espíritu de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Son muchos los retos que se abren, pero estamos ilusionados y preparados para el cambio.
